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Mie 28 Marzo de 2012

Esta “Reforma Laboral”, supone el mayor atentado contra el Derecho del Trabajo, y contra el sistema de Relaciones Laborales de nuestro país, realizado en época democrática

La reforma laboral tendrá consecuencias negativas para los trabajadoras y trabajadoras de nuestro país. Algunos de los aspectos más destacables de la misma son:

El despido se presume procedente y, para que sea considerado improcedente, es la persona trabajadora quien tiene que demostrar que no han concurrido las causas alegadas por el empresario, con lo que se facilita el despido de 20 días por año trabajado.

La indemnización por despido improcedente en los contratos indefinidos será de 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades a partir de la entrada en vigor de la reforma laboral, esto afecta incluso a aquellos que tenían contratos de 45 días, que computarán como 33 días el tiempo que hayan trabajado a partir de la entrada en vigor de la misma.

Se entenderá que la disminución de ingresos es persistente si bajan las ventas o los  beneficios durante tres trimestres consecutivos, no es necesario que la empresa presente pérdidas. Pocas son las empresas que no han disminuido sus ventas en los últimos meses,  esto supone un mecanismo de manipulación para abaratar costes sociales, facilitando que los trabajadores y trabajadoras sean despedidos por la vía objetiva y con una indemnización 20 días.

A partir de ahora, la cuantía salarial se incluye entre las condiciones de trabajo que la dirección de la empresa puede modificar por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Entre esas razones están las relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa. Esta medida provocará que las empresas a partir de ahora puedan, no mediante acuerdo, sino como decisión, bajar la retribución a las personas trabajadoras.

Ya no es necesaria la autorización laboral administrativa que se requería en los despidos colectivos. En caso de desacuerdo hay que plantear una denuncia para que el juez decida sobre los mismos, por lo que disminuye el control de legalidad, siendo una decisión pura y dura de la empresa.

El contrato de formación podrá realizarse con personas de hasta 30 años mientras que la tasa de paro no baje del 15%. La duración máxima es de tres años, pero se puede realizar por la misma u otra empresa con la misma persona para una ocupación distinta. Esto es simplemente una apuesta por la precariedad, lo que provocará un encadenamiento de contratos y se alargará este tipo de contratación haciéndolo posible hasta los 33 años si se inicia con 30 años.

A partir de ahora la formación de las personas trabajadoras ocupadas también puede estar gestionada por centros privados, medida con la que hay que estar alerta ya que convertirán la formación de los trabajadores y trabajadoras en un negocio.

Con esta reforma se ha creado un contrato hasta los 30 años con un periodo de prueba de un año. Las empresas, de menos de 50 trabajadores, que  contraten este perfil de empleado tendrán bonificación en las cuotas que pagan a la Seguridad Social, más concretamente de 1.000 euros en el primer año de contrato, 1.100 euros en el segundo y de 1.200 en su tercer año de contrato. La persona en desempleo debe de estar cobrando la prestación por desempleo, y el empresario se puede deducir como bonificación hasta el 50% de la prestación del mismo. Es una modalidad que provoca una contratación precaria, insegura y abusiva en favor del empresario. Discrimina a las personas desempleadas, y permite incluso que el empresario se beneficie de su desempleo en forma de beneficios fiscales. Este tipo de contratación invita al servilismo.

Se modifica el contenido mínimo del convenio colectivo y se eliminan los plazos máximos establecidos para la denuncia y la negociación de renovación del convenio, en caso de no haber sido pactados. Esta medida rompe la fuerza vinculante del Convenio Colectivo y promueve la atomización de las relaciones laborales colectivas para individualizarlas.

Se establece dentro de las causas económicas, que si la empresa lleva 6 meses con pérdidas o descenso del volumen de ventas o beneficios, cabe la posibilidad de no aplicar el régimen salarial, además de no aplicar el convenio colectivo pactado y firmado. Con lo que se permite que, de forma unilateral y tan sólo con un periodo de consultas que sólo atañe a dar información sobre la medida a adoptar, la empresa se descuelgue no sólo del régimen salarial, sino incluso de no cumplir el contenido del convenio. Esto quiebra el principio de que lo pactado tiene que cumplirse, sólo con que una parte proponga descenso de ventas o beneficios durante 2 trimestres consecutivos.

Los convenios de empresa siempre tendrán prioridad sobre los de sector, lo que conllevará a que cada empresa sea un mundo diferente, donde se fomentará la competencia a la baja, a costa del abaratamiento en los salarios.

La denominada «ultractividad» o prórroga automática e indefinida de los convenios que caducan ha sido limitada a dos años a contar desde el momento que se denuncia. Si no hay acuerdo, se deberá acudir a un arbitraje obligatorio o se aplicará el Convenio del Sector. En ningún caso se ha respetado la voluntad de los interlocutores sociales, que el pasado 25 de enero firmaron el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva

Ya no habrá vinculación del absentismo de la persona trabajadora con la media de la empresa., con lo que prima la cifra personal, con lo que 9 días de baja pueden llevar al paro, provocando despidos totalmente al margen de la evolución de la empresa.

También, en esta reforma laboral aparece la pretensión de despedir a los trabajadores y trabajadoras del Sector Público, lo que abre la puerta al despido del personal laboral de todas las administraciones públicas.

Ante una reforma tan extremadamente agresiva y peligrosa, la respuesta tendrá que ser proporcional a la agresión sufrida, para no permitir un robo tan brutal, de los derechos conseguidos durante más de treinta años de lucha y de conquistas.

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