Se prevé hoy, la aprobación por parte del Gobierno de medidas para reducir las jubilaciones anticipadas

Vie 15 Marzo de 2013

Hoy está previsto que el Gobierno apruebe en la reunión del Consejo de Ministros, un decreto ley de medidas para frenar las jubilaciones anticipadas y modificar las condiciones de acceso a la jubilación parcial, con el objetivo de adaptar ambas modalidades de jubilación a la reforma de pensiones que entró en vigor el pasado 1 de enero y con la que se eleva progresivamente la edad de jubilación legal desde los 65 a los 67 años.

El Gobierno, se había dado de plazo hasta finales de marzo para discutir qué medidas adoptar en este sentido, tras haber suspendido la entrada en vigor de los artículos que hacían referencia a estas modalidades de jubilación.

Para frenar las jubilaciones anticipadas se pueden modificar varios aspectos: la edad de acceso a la misma, el periodo de cotización mínimo exigido, y los coeficientes reductores a aplicar por cada año de adelanto a la edad legal de jubilación.

En el caso de la jubilación forzosa, a la que se accede actualmente a los 61 años, la intención del Gobierno podría ser la de elevar la edad de acceso progresivamente, acompañándola al aumento progresivo de la edad legal. Así, la edad para poder jubilarse anticipadamente tras una salida no voluntaria del mercado laboral podría elevarse progresivamente, hasta situarse en 63 años en 2027, año en el que la edad de jubilación estará ya en 67 años en virtud de la última reforma de pensiones.

Además, el periodo mínimo de cotización exigido para acceder a la jubilación anticipada forzosa, que actualmente es de 30 años, podría alargarse más años, y los coeficientes reductores que se aplican sobre la pensión, también podrían elevarse dentro de una escala que estaría en función de los años cotizados y que trataría de cuanto más años cotizados, menos penalización.

En la jubilación anticipada voluntaria, el Gobierno también puede modificar la edad la edad de acceso mínimo, que podría elevarse hasta los 65 años, también de manera progresiva, endureciéndose el periodo mínimo de cotización exigido, que podría pasar de 30 a 33 años, así como los coeficientes reductores.

Y en lo referente a las jubilaciones parciales, los cambios que se podrían realizar, también podrían pasar por aumentar progresivamente la edad de acceso a la misma y quizá establecer dos baremos en función de los años cotizados. También podría aumentarse el tiempo de trabajo del jubilado parcial.

Por otro lado, el Gobierno Central, estudia la posibilidad de permitir que los jubilados que sigan trabajando puedan cobrar hasta el 50% de la pensión que les corresponda, cotizando menos de lo habitual, aunque para eso tendrán que cumplir requisitos.

En el informe inicial que el Gobierno envió al Pacto de Toledo con algunas ideas para su discusión se pedía al Parlamento que valorara si, en el actual momento de dificultades económicas, habría que permitir a los empleados públicos se jubilaran anticipadamente de manera voluntaria, máxime ante el coste que esto representa para la Seguridad Social.

Actualmente, los empleados públicos no pueden jubilarse de manera voluntaria, salvo los de clases pasivas, entre los que se encuentran la mayoría de los docentes y los cuerpos de Seguridad del Estado. Desde el 1 de enero de 2011, los empleados públicos no pueden inscribirse en el régimen de clases pasivas, sino que están obligados a hacerlo en el Régimen General.

Desde UGT consideramos que se debe de proteger a las personas que accedan a la jubilación, y que si es cierto, que aunque se deba actuar en aras a la sostenibilidad de las peniones, antes de realizar otra reforma, se deben observar los efectos de la actual, sobre todo si se tiene en cuenta que España cuenta con una de las edades reales de jubilación más altas de la Unión Europea (63,87 años). Y que además, las pensiones públicas pertenecen al único Pacto de Estado que se mantiene vivo en España y que ahora está siendo cuestionado. Cambios unilaterales y precipitados pondrán en riesgo un sistema de reparto que siempre se ha regido por principios como la equidad, la solidaridad, la cohesión y la justicia social, sin descuidar la sostenibilidad.

 

 

 

 

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