EL GOBIERNO ANDALUZ DINAMITA LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO Y VACÍA DE CONTENIDO EL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO.

Mie 03 Abril de 2013

Hoy nos hemos levantado con la constatación oficial de una de las decisiones que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía adopto, en el día de ayer, y cuyos efectos van a ser inminentes y su repercusión en los trabajadores y trabajadoras de Andalucía a todas luces va a ser perjudicial. Hoy es un día histórico para la formación en Andalucía.

 Nos referimos a la publicación del Decreto-Ley 4/2013 por el se modifica la Ley 4/2002 de Creación del Servicio Andaluz de Empleo y que viene a eliminar del elenco de funciones, que hasta ahora tenía atribuidas el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), la Formación Profesional para el Empleo, sin valorar el alcance y la repercusión que esta decisión va a tener sobre el conjunto del Sistema de la Formación Profesional y, en particular, sobre las necesidades formativas y de cualificación profesional de los trabajadores y trabajadoras de Andalucía.

Con esta decisión, adoptada por el Gobierno, se dinamita el principio integrador que sustentan a las políticas activas de empleo, y que están garantizadas a través del Servicio Andaluz de Empleo, instrumento adscrito a la Consejería competente en materia de empleo para gestionar las políticas favorecedoras y facilitadoras de la creación de empleo, siendo de las más importantes la Formación Profesional para el Empleo.

No tiene sentido, por tanto, desvincular de la autoridad laboral unas competencias cuyo objetivo fundamental es favorecer la empleabilidad y vertebrar las PAES y dejar mutilado al SAE, que fue creado por una Ley consensuada por todo el arco parlamentario (aspecto que con este Decreto-Ley ni por asomo se consigue, sino todo lo contrario).

Por tanto, no sólo consideramos que es un error, sino que también se pone en riesgo el carácter finalista que tienen los Fondos para la FPE provenientes, esencialmente, de la cuota de Formación Profesional, que proviene de la masa salarial (0,7%), que aporta el empresario (0,6%) y el trabajador (0,.1%) y que viene reflejado en las nóminas que los trabajadores y trabajadoras recibimos. Y que cuyo carácter finalista avala la Sentencia del Tribunal Constitucional 244/2012 de 18 de diciembre.

Como los recursos son limitados, desde UGT Andalucía no vamos a permitir que la FPE y, en especial, la que corresponde a los trabajadores y trabajadoras pase a ocupar un papel secundario en el Sistema a favor de otras iniciativas formativas, que enmascaradas con el objetivo de reducir la tasa de desempleo se primen y se escoren al ámbito educativo.

Desde la UGT Andalucía estaremos vigilantes para que la conquista del derecho a la Formación a lo largo de la vida que tienen los trabajadores y trabajadoras no se vean mermados ni lesionados.

 


 

 

COMENTARIOS

Identifícate o regístrate para poder realizar un comentario.