El Gobierno impone su modelo ideológico y elude el consenso para mejorar la educación

Mie 22 Mayo de 2013

El Proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, es la séptima reforma laboral en el periodo de democracia. El objetivo del Gobierno es que se apruebe después del verano, para que se pueda cumplir el plazo preceptivo de diez meses para la adaptación curricular y empiece a aplicarse en el curso 2014-2015, dos años después de su presentación

 

Para agilizar su puesta en marcha, se  ha cambiado uno de los puntos del proyecto de ley (LOMCE) que acaba de remitir al Congreso para su tramitación y que, en la práctica, acorta de 14 a nueve meses la entrada en vigor tras su aprobación. Un calendario que obliga al propio Ministerio de Educación, a las comunidades y a las editoriales a desarrollar el nuevo modelo con unos tiempos que algunas autonomías consideran imposible, no solo por las prisas que pueden acabar afectando a la calidad del resultado, sino por los propios tiempos legales que exigen periodos de consultas y trámites

Según el Ministerio de Educación, se trata de un cambio fundamental en el sistema educativo en España, destinado a reducir los altos niveles de fracaso escolar (tenemos una tasa de abandono escolar del 24,9 por 100, cuando la media de la Unión Europea es del 13 por 100), mejorar la empleabilidad de los jóvenes y disminuir la dispersión del sistema, mediante "un cambio de filosofía" en la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Nada más lejos de la realidad.

Desde UGT se reprocha la actitud del ministro de Educación, José Ignacio Wert, que no ha convocado ni una sola mesa de diálogo social sobre este tema, empeñado en una contrarreforma ideológica que va en contra de las demandas de la comunidad educativa, de distintos organismos nacionales y del propio dictamen del Consejo de Estado, que solicitan la retirada de la LOMCE y la necesidad de llegar a un acuerdo social y político en educación, una materia vital para el futuro de nuestro país.

En su informe el Consejo de Estado, al igual que UGT, contemplaba la necesidad de incluir una memoria económica para la financiación de la reforma educativa; considera discriminatorio para el alumnado que curse religión, que no curse ninguna materia relativa a valores sociales, culturales o éticos; defiende una educación mixta “para promover desde la escuela la igualdad de género, pues a través de la convivencia en la escuela se enseña desde la más temprana edad a conocer, respetar y tratar igual la diferencia” y la retirada de conciertos a centros que segregaban por razón de sexo.

En cuanto a las denominadas “reválidas” o pruebas externas, UGT ha criticado, en diversas ocasiones, que estas pruebas pueden utilizarse no para diagnosticar y corregir las necesidades detectadas bien en el sistema o en el alumnado, sino para establecer ranking entre los distintos centros.

 

A continuación, exponemos los principales cambios contemplados en la LOMCE:

  • Se harán evaluaciones finales de cada etapa educativa. Habrá pruebas de capacitación, iguales en todo el Estado, al final de cada etapa: en Primaria, la ESO y el Bachillerato o FP. Los exámenes de ESO y Bachillerato se deberán aprobar para obtener títulos de Graduado en ESO y de Bachillerato. La prueba externa de Primaria, para comprobar que se ha obtenido el aprendizaje durante esa etapa.
  • Prueba en 3º de Primaria. Se hará para la detección precoz de problemas de aprendizaje en los alumnos.
  • Se adelantan los itinerarios. En 3º de la ESO los niños y niñas se orientarán hacia la Formación Profesional o el Bachillerato a través de asignaturas optativas, y tendrán que elegir ya Matemáticas orientadas a enseñanzas académicas o aplicadas. Las dos vías estarán diferenciadas en 4º de la ESO.
  • Repetir curso. Se podrá pasar de curso con dos suspensos, como hasta ahora, salvo si se suspenden a la vez lengua y matemáticas.
  •  División de asignaturas en troncales, específicas y de libre configuración autonómica. Para garantizar "un núcleo básico homogéneo" de los contenidos en todas las comunidades autónomas. En las asignaturas troncales, el Estado definirá completamente los contenidos; en las específicas fijará unos contenidos mínimos y los criterios de evaluación y en las de libre configuración la comunidad autónoma establecerá completamente el contenido, igual que en la enseñanza de las lenguas cooficiales.
  • Castellano como lengua vehicular. Para garantizar la posibilidad de estudiar en castellano en las comunidades con lengua autonómica cooficial, el proyecto de ley establece que el Estado adelantará el dinero para que los alumnos que deseen esta opción asistan a colegios privados si no tienen oferta pública en este idioma. El Gobierno descontará ese gasto después a la comunidad autónoma (la medida afecta a Cataluña). Calcula un coste de cinco millones de euros (el 21% del presupuesto para la reforma el primer año) para una hipótesis de mil alumnos.
  •  Educación para la Ciudadanía. Desaparece como asignatura y sus contenidos se integran de manera transversal en otras asignaturas, en contra de la recomendación del Consejo de Estado.
  •  Religión y alternativas. La asignatura de Religión y sus asignaturas alternativas, -Valores Culturales y Sociales en Primaria y Valores Éticos en Secundaria- serán evaluables y la nota contará para la media del curso y a la hora de solicitar becas. Además, serán optativas desde Primaria, de manera que los alumnos puedan cursar las dos si así lo desean.
  • Colegios segregados. Se ha introducido una cláusula según la cual los centros en los que se separa a niños y niñas que soliciten financiación pública tendrán que justificar que su modelo es tan aceptable como el mixto.
  •  Formación Profesional. Se crea una FP básica de dos cursos para alumnos/as de segundo o tercero de la ESO, a partir de los 15 años, que tengan dificultades para seguir la enseñanza convencional. Quienes estudien esta vía podrán optar al título de la ESO y adquirir una cualificación profesional mínima. Habrá un cambio en los bloques de asignaturas para garantizar la homogeneidad en todas las comunidades autónomas.
  •  Acceso a la Universidad. El título de bachiller será suficiente para acceder a la Universidad, pero cada centro universitario podrá hacer sus propias pruebas de acceso y valorar otra formación complementaria.

Por último, desde UGT, consideramos que, en lo que se refiere a la memoria económica y, por tanto, al coste de implantación de la nueva Ley, es una falta de responsabilidad gubernamental nunca vista, ya que se pretenda solicitar a la Unión Europea la financiación del 50% de la implantación de la LOMCE. El Gobierno debe responsabilizarse de cuantas decisiones políticas adopte, sean del tipo que sean, aportando los costes de su propia acción de gobierno. Un proyecto de Ley que no venga acompañado de la suficiente dotación económica para su desarrollo, no puede tener ninguna viabilidad.

 

COMENTARIOS

Identifícate o regístrate para poder realizar un comentario.