El problema central no es la inflación sino el desempleo y la caída de los salarios

Lun 15 Septiembre de 2014

El IPC refleja que nuestra economía bordea una situación de deflación, por la caída del consumo de los hogares y es que el problema esencial es el desempleo y el aumento de las situaciones de riesgo de pobreza consecuencia de las políticas económicas que se están aplicando. Por eso, UGT reclama que la prioridad de la política económica debe ser recuperar el empleo, pero no cualquier empleo, sino trabajos con condiciones dignas y salarios decentes que permitan la reactivación económica. En nuestro país, de 2010 a 2013 el salario medio por trabajador ha perdido 7,1 puntos de poder de compra y el salario mínimo interprofesional acumula 5,1 puntos de pérdida de poder adquisitivo, desde 2010. Es necesario que la Comisión Europa y el Eurogrupo, asuman la necesidad inmediata de flexibilizar los objetivos de consolidación fiscal y pongan en marcha un plan de inversiones a nivel europeo para reactivar el crecimiento y el empleo. En nuestro país, en el marco del Diálogo Social, es preciso establecer una nueva estrategia de salida de la crisis, más solidaria y eficiente y desarrollar, sin demoras, el Acuerdo de propuestas para la negociación tripartita para fortalecer el crecimiento y el empleo, suscrito por el Gobierno y los interlocutores sociales. Es preciso, además, un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva que contemple que los salarios ganen poder de compra, así se propiciará la reactivación de la demanda y la creación del empleo.

La inflación en España sigue en niveles mínimos, registrando incluso tasas negativas. El Índice de Precios de Consumo (IPC) del mes de agosto, que ha dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística (INE), ha aumentado en el mes una décima respecto a julio, lo que supone un incremento mensual inferior en dos décimas al registrado en agosto de 2013. Por eso la tasa anual desciende dos décimas, acentuando su situación negativa al pasar de -0,3% a -0,5%.

 

Por su parte, la inflación subyacente, que mide la variación general de precios descontando los alimentos no elaborados y los productos energéticos, ha aumentado una décima, pero en términos interanuales permanece por cuarto mes consecutivo con una variación nula.

 

En cuanto al Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA), ha disminuido una décima respecto al mes de julio, situándose también en el -0,5%. De este modo, el IPCA de España se sitúa ocho décimas por debajo de la tasa media de la eurozona (0,3%), con lo que completa un año seguido manteniendo un diferencial negativo.

Valoración

 

 

Los datos del IPC muestran que nuestra economía sigue bordeando una situación de deflación, que sería muy dañina y de la que costaría mucho salir. Y ello es consecuencia de que el consumo de los hogares aún no permite sostener la reactivación, porque sus rentas han perdido poder de compra en estos años, porque el crédito sigue sin fluir de forma adecuada, y porque el elevado endeudamiento y la poca solidez de las expectativas de futuro han empujado hacia el ahorro a las familias por precaución. Pese al triunfalismo del que hace gala el gobierno, la reactivación que apuntan algunos indicadores macroeconómicos no ha llegado a los hogares y tiene muchos riesgos y amenazas.

 

A la moderación de la inflación lleva años contribuyendo la continua caída de costes laborales en los últimos años, a la que se han sumado solo desde finales de 2013 los excedentes empresariales, que siguieron creciendo en la etapa de crisis. También ahora la finalización del impacto puntual de la subida del IVA del pasado año ha eliminado tensiones inflacionistas.

Todas estas circunstancia muestran que la inflación no es un problema ni en España ni en Europa; el problema esencial en nuestro país son los casi seis millones de desempleados que tenemos y el aumento de las situaciones de riesgo de pobreza. Y por tanto la prioridad de la política económica debe ser el crecimiento de la actividad y la colocación de esos millones de personas que no pueden acceder a un empleo. Y también en la zona euro el problema esencial ahora es la falta de crecimiento económico y el riesgo de una recaída en recesión.

Además, sí existe un riesgo cierto de que se prolongue la situación de caída de precios, instalándonos en una situación deflacionista similar a la vivida por Japón durante décadas, que sería muy perjudicial. Una inflación en niveles moderados es positiva, porque permite mejorar la competitividad empresarial y ayuda a que los salarios ganan poder de compra. Pero eso no puede lograrse mediante la paralización de la demanda, ni debe desembocar en un proceso deflacionista.

Por eso deben ponerse en práctica políticas que cambien el paso de la economía en España y en Europa.

En Banco Central Europeo, aunque con años de retraso, y tras contribuir decisivamente al hundimiento de la economía de la zona euro con sus políticas y recomendaciones, parece que ha rectificado con firmeza sus posiciones, y ha pasado a poner en marcha una estrategia monetaria acorde con la reactivación de la economía europea, y a proponer un impulso fiscal común en Europa.

 

 

Otro organismo de peso internacional, la OCDE, también defensora de la austeridad a ultranza y por tanto responsable de la caída en recesión de buena parte de la zona euro desde 2010, mantiene una estrategia a nuestro juicio errónea en sus elementos esenciales, pero al menos reconoce abiertamente la necesidad de cambiar la política salarial. Este Organismo afirma en su último informe de Perspectivas del Empleo que los salarios en España han caído mucho, que este recorte está provocando penurias entre los trabajadores y sus familias, que las mejoras de competitividad por esta vía están agotadas y que estos descensos lastran la recuperación. Es decir, lo que desde UGT venimos diciendo reiteradamente.

 

Los datos son evidentes. En los últimos cuatro años (2010-2013) el salario medio por trabajador (medido por el coste salarial que ofrece la Encuesta Trimestral de Coste Salarial del INE) ha perdido 7,1 puntos de poder de compra. Los datos del primer trimestre, a pesar de la baja inflación muestran, una pérdida adicional de dos décimas.

Por su parte, el salario mínimo interprofesional también ha caído en términos reales en esa etapa: desde 2010 acumula una pérdida de poder adquisitivo de 5,1 puntos (en 2014, pese a haber sido congelado, tiene hasta el momento una variación real nula).

Si las familias no perciben una mejora de sus rentas es imposible que el consumo se reactive de forma sostenida y sólida, como precisa nuestra economía. Y eso solo puede venir por dios vías: el aumento del empleo y la subida real de los salarios de los trabajadores. Ambas vías son complementarias y deben ir de la mano.

Cabe esperar que los cambios de planteamiento apuntados por BCE y OCDE sean completos y coherentes, y lleguen también a la Comisión Europea y al Eurogrupo, responsables directos de la política económica de la eurozona. Ello debería traducirse de forma inmediata en una flexibilización de los objetivos de consolidación fiscal y en la puesta en marcha de un plan de inversiones a nivel europeo, como el que propone la Confederación Europea de Sindicatos (CES) con el título de "Un nuevo camino para Europa”, que plantea inversiones adicionales durante un período de 10 años, y que posibilitaría la creación de 11 millones de empleos en la UE.

 

 

Por otro lado, desde el Diálogo Social es también preciso consolidar una nueva estrategia de salida de la crisis, más solidaria y eficiente. Para ello, es necesario en el ámbito tripartito, desarrollar sin demora el Acuerdo de propuestas para la negociación tripartita para fortalecer el crecimiento económico y el empleo, que hemos suscrito los interlocutores sociales y el gobierno, y que incluye actuaciones para potenciar las políticas activas de empleo, extender la protección social y sentar las bases de un cambio de modelo productivo. En el ámbito bipartito, los interlocutores sociales debemos intentar consensuar un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que sustituya al vigente hasta este año, y que recoja una política de salarial más acorde con la nueva etapa, de modo que los salarios ganen poder de compra y contribuyan a la reactivación de la demanda y a la creación de empleo.

 

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