El Gobierno vulnera el derecho a la negociación colectiva protegido por la Constitución

Jue 26 Marzo de 2015

UGT denuncia que el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos sobre la negociación colectiva de las empresas públicas vulnera el derecho a la negociación colectiva protegido por la Constitución.

 Para el sindicato, el Gobierno pretende imponer a esta negociación los recortes de gasto público contenidos en la LPGE y la reducción de los derechos sociales y laborales de la reforma laboral de 2012, elaborando un documento a modo de empresariado más rancio de nuestro país. 

De esta forma, propone la congelación salarial para este año, priorizar el convenio de empresa frente al sectorial y eliminar la ultraactividad de los convenios, entre otras cuestiones. 
 
Por ello, el sindicato manifiesta la necesidad de denunciar este acuerdo ante la OIT, por vulnerar varios convenios ratificados por nuestro país, y, además, remitir esta lesión a los trabajadores a diversos órganos jurisdiccionales de ámbito internacional, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 
 
El Gobierno, en su papel de Administración Pública empleadora, ha elaborado un documento para la negociación colectiva de las empresas públicas que no solo traslada a esta negociación el doble agravio que sufren ya los trabajadores públicos con los recortes en el sector como consecuencia de la política de reducción de gasto público contenida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (LPGE) y con la reducción de los derechos sociales y laborales como consecuencia de la reforma laboral de 2012, sino que, además, limita gravemente el espacio de los negociadores ante la negociación colectiva en sus distintas materias, lo que supone, a juicio de UGT, una vulneración flagrante del derecho a la negociación colectiva constitucionalmente protegido.
 
Las reglas sobre negociación colectiva y sobre las relaciones laborales con los trabajadores en las empresas públicas o en las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social se rigen por el Estatuto de los Trabajadores, los convenios colectivos y/o los acuerdos colectivos. Sin embargo, con este Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para asuntos económicos, se van a ver condicionadas por las decisiones de la política del Ejecutivo para el conjunto de la Administración Pública a través, especialmente, de la LPGE.
 
En este sentido, el Gobierno aboga, como empleador, por la preferencia de la negociación colectiva a nivel de empresa en detrimento de la de ámbito sectorial; por que los convenios que se cierren durante este año no lleven implícita ninguna subida salarial respecto a 2014; o por que se denuncie el convenio una vez concluida su vigencia, evitando pactar periodos de ultraactividad que superen la duración de un año prevista en la normativa laboral, entre otras cuestiones.
 
Una normativa que supone una restricción al derecho a la negociación colectiva protegido por nuestra Constitución y que profundiza en la limitación y minoración de los derechos de los trabajadores que bien podría estar elaborada por el empresariado más rancio en lugar de, como así es, por el Gobierno de nuestro país.

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